Desde Seguridad remarcaron que ambos hechos encuadrarían en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal que establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere el funcionamiento del transporte por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido a tres meses a dos años de prisión”.

En ese sentido, la Municipalidad fundamentó este pedido explicando que este delito pone en peligro el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como así también vulnera la seguridad y tranquilidad para el desarrollo de las actividades humanas.

Desde Seguridad pusieron a disposición, junto con la denuncia, los videos tomados por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo.