El dirigente también denunció que los procedimientos afectaron a su entorno familiar. Indicó que los operativos incluyeron revisiones en su vivienda y en bienes de sus hijos y su pareja, y que la situación se extendió al lugar donde trabajan más de 200 familias vinculadas a la venta ambulante.

Además, cuestionó la legalidad de las intervenciones y aseguró que no existía orden de desalojo ni de demolición en el operativo. En ese sentido, afirmó que evaluarán avanzar judicialmente. “Si esto se hizo de manera ilegal, vamos a ir a la Justicia”, señaló.

Rivero rechazó las acusaciones vinculadas a delitos y afirmó que no tiene relación con la venta de drogas ni con actividades ilegales. “Yo soy trabajador, me dedico a la venta ambulante”, expresó, y planteó que existe una intención de perjudicarlo.

En paralelo, apuntó contra el municipio y sostuvo que los trabajadores del sector operan en condiciones irregulares porque no cuentan con un sistema de regulación. Según afirmó, esto deja a los vendedores en una situación de vulnerabilidad frente a controles y operativos.

El dirigente también aseguró que la situación afecta el sustento de numerosas familias y describió el escenario como una persecución contra personas que dependen de la actividad informal para subsistir. En ese marco, confirmó que continuarán con medidas para sostener su trabajo.