El escrito menciona además posibles violaciones a normativas internacionales como el Convenio de Basilea, ya que, según indicó, los desguaces se realizan en muelle o a flote en lugar de áreas controladas. A esto se suma la presunta utilización de empresas sin habilitación para manipular residuos peligrosos, especialmente aquellos clasificados como Y36, vinculados al asbesto.

Maturana también cuestionó el rol del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y apuntó a una falta de controles sobre las operaciones. En ese sentido, advirtió sobre deficiencias en la infraestructura portuaria, como la ausencia de redes contra incendios, condiciones de hacinamiento de embarcaciones y vertidos directos de efluentes al agua sin tratamiento adecuado.

Otro eje de la denuncia está vinculado al uso de fondos públicos, donde el querellante planteó que el Estado asumiría costos de reflotamiento y desguace de buques abandonados. También mencionó inversiones millonarias en tareas de dragado sin que, según su visión, se haya resuelto la falta de infraestructura básica.

En el petitorio, solicitó que se exijan los estudios ambientales correspondientes, auditorías sobre los fondos utilizados y una inspección urgente en los sitios de desguace para verificar la presencia de materiales contaminantes. Además, pidió pericias técnicas para evaluar riesgos de incendio en zonas críticas del puerto.