Se pidió hasta 18 años de prisión para el pastor evangélico acusado de abusar a su hijastra
En sintonía con lo que fue la investigación a su cargo durante la instrucción penal preparatoria la fiscal Andrea Gómez pidió el martes que el pastor acusado de manera reiterada a su hijastra desde que la menor tenía siete años sea condenado a 18 años de prisión.
Al término de su alegato la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 4 pidió que se revoque el arresto domiciliario y que Orlando Segundo Oliva Sierra quede detenido. Ante los jueces Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquert y Federico Wacker, la doctora mantuvo la calificación inicial de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la víctima menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma.
El pedido de Gómez para revocar el arresto domiciliario que Oliva Sierra se basó en la solidez económica que posee y que le permitiría, ante una condena efectiva alta, huir de la ciudad. A su turno la defensa de Oliva Sierra (a cargo del abogado Rubén Legler) solicitó la absolución tras descartar la materialidad y la autoría de los hechos.
Luego de escuchar los pedidos de las partes, los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal 3 adelantaron que el veredicto y la sentencia se conocerá el próximo martes.
Los hechos
De acuerdo a la investigación que llevó adelante la Unidad Fiscal de Instrucción 4, entre 2012 y 2019 Sánchez Oliva aprovechó la situación de convivencia existente para abusar sexualmente con acceso carnal en reiteradas oportunidades a la hija de su pareja. Los ataques comenzaron cuando la víctima tenía 7 años.
Los hechos denunciados ocurrieron en un departamento ubicado en la avenida Colón, en una finca familiar en Chapadmalal y en el interior de los vehículos propiedad del pastor.
La declaración de la víctima en cámara Gesell, los informes incorporados al expediente y el resto de la prueba obtenida, la fiscal solicitó oportunamente la prisión preventiva del imputado. El pedido de sobreseimiento que hizo su defensa fue rechazado por la Justicia de Garantías que confirmó la elevación de la causa a juicio.
