Los trabajadores de la Unidad de Gestión Local XI de PAMI en Mar del Plata continúan exigiendo la reapertura de negociaciones salariales que llevan prácticamente un año paralizadas.
En ese marco, en el edificio de avenida Independencia 1576, los empleados acusaron al director Carlos Javier Vallejos de recorrer las instalaciones registrando en un cuaderno los nombres de quienes participaban en la protesta.
Esta denuncia ganó amplia difusión mediática y puso nuevamente en el centro de atención las investigaciones realizadas por NOVA sobre las sanciones que pesan sobre el funcionario libertario, tanto del Colegio de Abogados de Mar del Plata como del Juzgado Correccional 2, relacionadas con comportamiento no ético.
Mensajes amenazantes vía WhatsApp
Un mensaje enviado por el propio Vallejos a jefes de área fue la manera para reprenderlos por divulgar información interna, calificándolo como "falta grave".
La ironía no pasó desapercibida entre los empleados, considerando que quien habla de "faltas graves" fue él mismo sancionado por conducta antiética.
El mensaje concluye con una frase desafortunada: "no es nuestra intención quedarme sin ninguno de ustedes", donde el error gramatical no hizo más que sumar críticas al ya cuestionado abogado.
Gestión cuestionada y carencias operativas
La UGL XI acumula múltiples problemas sin resolver bajo la gestión de Vallejos, cuyos intentos de intimidación no logran el efecto buscado entre el personal.
Los trabajadores reportan graves deficiencias desde su asunción: "Debemos pagar de nuestro bolsillo el agua y hasta el papel higiénico. Tampoco hay equipamiento para fisiatría ni medicamentos oncológicos para los afiliados", reveló un empleado bajo anonimato por temor a represalias.
Las cuestionadas conductas éticas de Vallejos fueron formalmente señaladas tanto por el Juzgado Correccional 2 como por el Colegio de Abogados de Mar del Plata, institución a la cual pertenecía como matriculado.
Desde 2017, la actividad profesional de Vallejos como abogado declinó notablemente.
Actualmente percibe un salario de 3.500.000 pesos en PAMI como funcionario designado a término, suma que presumiblemente sería inferior a sus ingresos como litigante exitoso.
La filtración del mensaje intimidatorio demuestra la incapacidad del director para generar respeto o autoridad genuina entre sus subordinados, evidenciando serias falencias en su gestión.
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