La Justicia falló a favor del sector privado local y expuso la falencia de los decretos nacionales
La “Plandemia” dio para todo tipo de avances sobre la libertad y Mar del Plata no pudo escaparle a ello entre las multas que se quisieron imponer desde el Gobierno provincial, con injerencia ilegal de los decretos nacionales del presidente Alberto Fernández. Los cuales llegaron a rondar contra los comercios entre 200 mil y 300 mil pesos.
Asimismo, el reconocido abogado y referente del liberalismo, Leandro Furundarena, se encargó de llevar adelante la apelación de un comerciante y darle retroceso a un avance del oficialismo por sobre el sector privado. En este caso, el joven formado por obra del catedrático Daniel Sabsay luchó en soledad contra el sistema.
A través de sus redes sociales, el integrante del equipo de Propuesta Republicana (PRO) mencionó “la importancia de la correcta aplicación sobre el derecho constitucional”. Dejando en ridículo los decretos nacionales 235/21 y 1033/20 con sus respectivas modificaciones, sumado al provincial 1/21. Los mismos buscaban como punto el límite de capacidad permitido durante la “Plandemia” del Covid-19.
El Tribunal de Faltas le dio la derecha a Furundarena y sus clientes, quienes estaban siendo víctimas del Estado, el cual ni siquiera veló por la crisis generada a causa del contexto sanitario vivido. “Esto deja en evidencia que los decretos nacionales no pueden ser aplicados para aplicar multas”, expresó el doctor a este medio.
Todo ello sin contemplar que uno de los decretos citados 8814/77, el cual estableció el monto de la multa. Sin ir más lejos, se trata de un plexo aprobado durante el Proceso de Reorganización Nacional. Una total locura por parte del Gobierno nacional.
