La gravedad de la acusación radica en que ese documento habría sido determinante para sortear los mecanismos habituales de contratación del Estado. “Ese dato falso permitió burlar todo el sistema de contratación”, advirtió el letrado, quien además sostuvo que los concejales que votaron la ordenanza “fueron engañados”.

El proyecto en cuestión contempla la instalación de un bar en un espacio cargado de fuerte valor simbólico: una zona vinculada a la memoria de los crímenes de la última dictadura. En ese marco, los organismos denunciantes también cuestionaron el rol de la sociedad de fomento involucrada, al señalar que no habría existido un proceso transparente ni participación real de la comunidad.

De acuerdo a los testimonios recabados en la causa, la entidad vecinal no habría presentado propuestas concretas ni beneficios claros para los vecinos, y el documento utilizado para impulsar la iniciativa habría sido elaborado por la propia empresa interesada en explotar el lugar.

Además, se remarcó que el proyecto nunca fue sometido a una asamblea de socios ni comunicado formalmente a los habitantes del barrio, sino que se discutió en reuniones informales entre las autoridades de la institución y el sector privado.

Para los organismos de derechos humanos, el caso expone una maniobra más amplia: el uso de una institución comunitaria como “pantalla” para encubrir un negocio privado en tierras de alta sensibilidad histórica.

El conflicto se da en paralelo a otras causas judiciales en curso que buscan frenar o anular la ordenanza que habilitó la cesión del predio, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y el respeto por el valor simbólico del lugar.

Mientras la Justicia avanza, la polémica crece y suma un nuevo elemento de peso: la posibilidad de que todo el procedimiento administrativo haya estado viciado desde su origen. Si se confirma la denuncia, no solo quedaría en jaque el proyecto del bar, sino también la actuación de las autoridades que avalaron su implementación.