Rojas advierte que no se consideran las condiciones personales de quienes podrían ser penalizados: “¿Cómo se crió? ¿Con quién? ¿Fue a la escuela? ¿Tuvo que trabajar? No miden la madurez emocional, mental o intelectual propia de la niñez”.

También remarca que debe existir una diferenciación con respecto a las personas adultas: “Es más que obvio que lo que se aplique tiene que ser distinto. Justamente eso tendría que ser prioridad en su tratamiento, ya que son el futuro de nuestra sociedad”.

La autora subraya que faltan recursos humanos para acompañar a las niñeces y adolescentes. “Desde la escuela tendrían que contar con profesionales suficientes para ocuparse de las problemáticas a tiempo”, plantea.

Sugiere que se trabaje con equipos interdisciplinarios en escuelas, barrios y hogares, y que se articulen con clubes de barrio y sociedades de fomento. “Deberían buscar información sobre quienes abandonaron sus estudios e incluirlos en un sistema de protección e inclusión”, propone.

Rojas denuncia que las instituciones actuales no están preparadas para este abordaje: “Se tiene que actuar en protección de derechos, con profesionales bien pagos. Desde ahí se podría hablar de una solución alternativa”.

Por último, señala con firmeza: “Mientras se prioricen los negocios privados, esta problemática seguirá profundizándose. Ya no se trata de una cuestión ideológica, sino de apostar por una mirada más humana”.