El expediente se inició en marzo de 2024 en el Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, quien declinó competencia. El caso fue derivado a Comodoro Py, pero allí el juez Sebastián Ramos también se desentendió. La pelota ahora está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que deberá decidir qué juzgado continúa con la instrucción.

Laboratorios globales y figuras nacionales en la mira

La denuncia apunta a los responsables de siete laboratorios cuyas vacunas se distribuyeron en el país:

• Gamaleya/RDIF (Sputnik V)

• AstraZeneca/Oxford (Covishield)

• Pfizer-BioNTech (Comirnaty)

• Moderna (Spikevax)

• Sinopharm (BBIBP-CorV)

• CanSino (Convidecia)

• Covishield (versión india)

También se acusa a Alberto Fernández, Carla Vizzotti y funcionarios de ANMAT, por autorizar el uso de estos productos sin verificar supuestamente su contenido real ni garantizar un consentimiento informado adecuado.

Según la presentación, los viales analizados contenían 55 elementos químicos no declarados, entre ellos metales pesados, según el estudio “Análisis por ICP-MS de vacunas contra Covid-19” realizado por Lorena Diblasi y su equipo en agosto de 2024.

La acusación sostiene que esto vulnera normas sanitarias, legales y éticas, violando el principio de idoneidad del Estado y el derecho a la salud informada. Además, se plantea que el consentimiento fue coactivo, ya que sin vacunarse era imposible acceder a educación, trabajo o servicios bancarios.

“Lo que se presentó como campaña de inmunización fue, en los hechos, un experimento a escala masiva disfrazado de política sanitaria”, sostienen desde la querella.

¿Fraude sanitario o medida de emergencia?

La causa, que ya suma adhesiones de organizaciones civiles y abogados especializados en salud, busca que los hechos sean tipificados como delitos imprescriptibles, abriendo una puerta judicial inédita en el país: la del cuestionamiento penal a las estrategias estatales de pandemia.

Mientras tanto, la Cámara marplatense deberá resolver la cuestión de competencia. Si la investigación avanza, podría unificarse con otras causas similares que ya circulan en Comodoro Py, y terminar reconfigurando el debate político, médico y judicial en torno al Covid-19.