“El Ministerio Público Fiscal es un organismo constitucionalmente independiente (artículo 120 de la Constitución Nacional), a diferencia de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, que dependen del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Ministro no puede avasallarlo impunemente”, sostuvo el fiscal.

Asimismo, denunció que la conducta del Ministro de Justicia viola compromisos internacionales, normas de la Administración Pública Nacional, la Ley del Ministerio Público Fiscal (artículo 43), la Ley de Administración Financiera (artículo 38) y el DNU 188/24. Según Pettigiani, estas acciones afectan las garantías constitucionales otorgadas a los fiscales, ya que se les asignan nuevas funciones sin contar con los fiscales ni los recursos suficientes para cumplirlas.

“El objetivo es debilitar al Ministerio Público Fiscal para que no pueda defender a la sociedad ni controlar al poder. No designar a los fiscales necesarios favorece el avance del narcotráfico y de otras organizaciones criminales. El gobierno dice que quiere combatir a las mafias, pero, si debilitamos a quienes deben investigarlas, ¿a qué mafias o poderes concentrados se pretende perseguir? Reemplazar fiscales por secretarios solo beneficia al crimen organizado y perjudica a la República”, advirtió Pettigiani.

El fiscal respaldó su denuncia con pruebas que muestran cómo esta estrategia de vaciamiento ya se implementó en Santa Fe, Mendoza y Roca, donde el CPPF se puso en marcha sin el nombramiento formal de fiscales, sino mediante designaciones provisorias y la redistribución de recursos humanos e informáticos.

Además, señaló que en el Presupuesto 2025, el Jefe de Gabinete redujo el presupuesto del Ministerio Público Fiscal en un 23,3% en comparación con el ejecutado en 2024, lo que profundizaría aún más la falta de recursos en Mar del Plata.

Para fundamentar su denuncia, Pettigiani realizó un análisis detallado de la implementación impulsada por el Ministro y del debate en la Convención Nacional Constituyente de 1994 sobre el artículo 120 de la Constitución Nacional, que considera que está siendo vulnerado.

Finalmente, además de pedir que se investigue la conducta del Ministro, reiteró su solicitud de suspender la implementación del CPPF en Mar del Plata hasta que se garantice la designación de fiscales y la asignación de recursos adecuados.