Lejos de responder a estudios técnicos o necesidades reales de circulación, muchas de las intervenciones realizadas parecen obedecer a decisiones políticas, improvisadas y costosas, que no solo no mejoran el tránsito sino que lo vuelven más peligroso.

Ciclovías con bajísimo nivel de uso, decks que invaden la calzada y carteles publicitarios colocados en zonas de alta circulación configuran un escenario que complica la movilidad y expone a peatones y conductores.

El problema no es solo del Departamento Ejecutivo. En el Honorable Concejo Deliberante, la discusión prácticamente no existe. Las ordenanzas se aprueban en bloque, sin debate público ni análisis de impacto urbano, consolidando una mayoría automática que funciona como una escribanía del oficialismo.

En ese esquema también queda involucrado el intendente interino Agustín Neme, que llega al Ejecutivo tras haber sido parte de ese mismo engranaje legislativo.

Uno de los ejemplos más cuestionados es la ciclovía de calle Mitre, promovida como obra emblemática pero sin correlato con la demanda real.

Según relevamientos informales, por ese tramo circulan apenas cuatro o cinco bicicletas por hora. Aun así, el Concejo avanza ahora con nuevos proyectos similares que rondan los 130 millones de pesos, en una ciudad donde se repite el discurso de que “no hay plata” para obras básicas.

A esto se suma la proliferación de decks gastronómicos sobre la calzada, una medida que tuvo sentido excepcional durante la pandemia, pero que hoy se mantiene como regla permanente.

La Ley de Tránsito es clara: cuando la seguridad o la fluidez del tránsito están comprometidas, el Estado debe remover obstáculos y garantizar condiciones seguras de circulación.

Sin embargo, en lugar de corregir, se habilitan más estructuras que reducen carriles, complican el estacionamiento y aumentan el riesgo de accidentes.

Otro punto crítico es la cartelería publicitaria. Sobre avenidas clave como Colón y Juan B. Justo, en dirección a la costa, se instalaron grandes estructuras que no solo alteran el paisaje urbano, sino que podrían incumplir las normas de ubicación y altura previstas por la legislación vigente.

La ley establece que cualquier publicidad debe respetar criterios estrictos de seguridad y no interferir con la señalización ni con la visibilidad, algo que en muchos casos resulta, como mínimo, discutible.

Mientras tanto, los presupuestos municipales siguen aumentando, pero la ejecución de obras no acompaña ese crecimiento.

La combinación de subejecución presupuestaria, reasignación de partidas y decisiones urbanas sin respaldo técnico alimenta la sensación de que el espacio público se administra con criterios políticos antes que con planificación urbana.

Lo que se vive a diario en las calles no es un fenómeno natural ni una fatalidad urbana. Es el resultado de una forma de gobernar que prioriza anuncios, gestos y negocios antes que la seguridad vial y la calidad de vida.

De cara al calendario electoral de 2027, el deterioro urbano funciona como un recordatorio constante de una gestión que transforma la ciudad en un laberinto de obstáculos, mientras la oposición mira para otro lado y el Concejo levanta la mano sin hacer preguntas.

Mar del Plata no sufre un tsunami climático. Sufre un tsunami político, hecho de decisiones mal planificadas, gastos difíciles de justificar y una preocupante indiferencia frente a las normas que deberían proteger a quienes transitan la ciudad todos los días.