El decreto que dispuso la cesantía no deja margen a interpretaciones livianas. Habla de inconducta grave, de pérdida definitiva de la confianza pública y de una conducta incompatible con la función pública.

Se trata de una sanción expulsiva aplicada tras un proceso extenso, con recolección de testimonios, informes internos y la intervención de la Junta de Disciplina y de los organismos legales del Ejecutivo. No fue una decisión improvisada ni aislada.

Sin embargo, el cierre de un expediente individual no alcanza para resolver el problema de fondo. Cuando una dependencia clave para la ciudadanía queda involucrada simultáneamente en una cesantía, una investigación penal en una fiscalía especializada en delitos económicos y un sumario general aún activo, la responsabilidad deja de ser exclusivamente personal.

El eje del debate se traslada hacia la estructura de funcionamiento, los mecanismos de control y la conducción política y administrativa del área.

En ese contexto, la Dirección General de Licencias de Conducir, actualmente a cargo de Fernando Barbaricca, queda directamente bajo la lupa por su responsabilidad funcional.

No se trata de imputar delitos, sino de evaluar resultados de gestión. Los hechos evidencian fallas en los controles, deficiencias en la supervisión y un esquema que permitió que la situación escalara hasta este punto.

Cuando una dependencia termina expuesta por cesantías, causas penales y sumarios generalizados, la conducción no puede desentenderse.

El escenario se vuelve todavía más sensible al conocerse que el agente cesanteado es hijo de una funcionaria mencionada en la Instrucción Penal Preparatoria.

Sin adelantar conclusiones ni prejuzgar responsabilidades, este dato agrava la percepción pública y refuerza la necesidad de transparencia absoluta y decisiones contundentes.

En este marco, el debate ya no es únicamente qué ocurrió, sino qué decisiones se adoptarán de ahora en adelante. Resulta cada vez más evidente la necesidad de un recambio en la conducción del área para permitir una recomposición real de la Dirección de Licencias de Conducir.

La dependencia requiere personal idóneo, controles eficaces y autoridades con credibilidad intacta, no una gestión desgastada por cuestionamientos acumulados.

La responsabilidad final recae en el intendente Agustín Neme, quien deberá intervenir de manera inmediata. Remover a la conducción cuestionada, designar responsables con idoneidad comprobada y garantizar que tanto la investigación penal como los procesos administrativos continúen sin interferencias ni encubrimientos aparece como una exigencia política y ética. La ciudadanía no espera explicaciones formales, sino decisiones concretas.

Una cesantía puede cerrar un expediente puntual. Pero la coexistencia de una cesantía, una Instrucción Penal Preparatoria en la Fiscalía de Delitos Económicos y un sumario general abierto exige cambios de fondo, conducción responsable y acción política inmediata para recuperar la confianza pública.