Pero además la decisión también ya había sido tomada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en la causa en la que Duret (quien fue jefe de Inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul entre febrero de 1976 y diciembre de 1977) se encuentra cumpliendo la pena de 15 años de prisión que le fue impuesta en 2011 y que durante cuatro años no cumplió por la polémica aplicación de la ley del “2×1″ luego revertida.

Fue condenado en 2011 a 15 años de prisión en Mar del Plata y pasó cuatro años en libertad por la polémica aplicación de la ley del “2 x 1”. Está detenido desde septiembre de 2020.

Para los camaritas, la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo del Servicio Penitenciario Federal se encuentra en condiciones de atender sus demandas de salud, contrario a lo sostenido por la defensa del represor.

“Del informe presentado por la Unidad 34, y de las restantes constancias del expediente, se infiere que las condiciones particulares del lugar de alojamiento permiten atender adecuadamente las dolencias de Duret, al menos de momento, y no suponen un especial riesgo de contagio de Covid-19, con relación al que el causante enfrentaría en su propio domicilio, dada la etapa en la que se encuentra actualmente la pandemia”, analizaron los jueces en la resolución tomada esta semana y puntualizaron que la Unidad 34 cuenta con enfermería las 24 horas, un hospital contiguo y ha “implementado diversos protocolos para minimizar el riesgo de contagio”.

El fiscal Carlos Martínez había dictaminado en contra del otorgamiento de la prisión domiciliaria, y sus fundamentos fueron reproducidos por el juez Borinsky en su voto. “Resulta llamativo que la defensa sostenga que las patologías sufridas por Duret no pueden ser atendidas si permanece alojado en la unidad carcelaria”, señaló y planteó que el acusado “ha sido autorizado a concurrir a los turnos médicos fuera del penal” y que “incluso el mismo Duret se ha negado a salir del Penal para asistir a un turno medico debidamente autorizado por el juez lo que no se condice con los argumentos expuestos por la defensa”.

A Alejandro Duret y Ricardo Russi también se los acusa por decenas de casos de privación de la libertad y tormentos durante la última dictadura.

Duret hace años fue acusado por participar en la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y el homicidio de Carlos Alberto Labolita, militante de la Juventud Peronista y estudiante en La Universidad Nacional de La Plata (compañero de la facultad y de militancia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández), quien fue secuestrado en su casa de Las Flores en abril de 1976, a pocas semanas del inicio de la última dictadura, y trasladado a la ciudad de Azul, lo que motivó que la causa y el juicio, tantos años después, se desarrollaran en Mar del Plata.

Inicialmente, en agosto de 2009, el represor había sido absuelto por mayoría por el Tribunal Oral de Mar del Plata. Pero en 2011 la Cámara de Casación revocó la absolución y lo condenó a 15 años de prisión.

Duret había sido detenido inicialmente en diciembre de 2005 y permaneció en esa condición hasta el 3 de julio de 2009, tras la absolución. Sin embargo, tras el fallo de Casación en octubre de 2011 el Tribunal dispuso nuevamente su detención, y permaneció en el Penal de Marcos Paz hasta el 7 de abril de 2016 (en total, ocho años) cuando los jueces del Tribunal que lo juzgó dispusieron su liberación al hacer lugar a un planteo de la defensa por considerar que “debía aplicarse al supuesto la norma más benigna”, es decir, el beneficio de la ley del “2 x 1”.

Sin embargo, en septiembre de 2017 Casación resolvió dejar sin efecto esa decisión, tras lo cual los abogados defensores interpusieron diversos recursos que demoraron su detención hasta septiembre de 2020.

El año pasado, mientras seguía cumpliendo esa pena en el Penal de Marcos Paz, fue procesado en otra causa por el titular del Juzgado Federal 1 de Azul, Gabriel Di Giulio, por los homicidios de los conscriptos José Luis Musmeci (20 años) y Alfredo Mario Thomas (22 años).

Además, se lo acusa por los delitos de violación ilegal de domicilio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos contra decenas de víctimas secuestradas en ciudades como Azul, Roque Pérez, Lobos, Las Flores, San Miguel del Monte e incluso Mar del Plata.