El fiscal señaló que la concesión otorgó por varias décadas el uso de bienes que consideró parte fundamental del patrimonio de los marplatenses y sostuvo que la empresa adjudicataria se había comprometido a realizar obras por una cifra cercana a los 40 millones de dólares. Sin embargo, afirmó que comenzaron a aparecer dudas cuando concejales solicitaron información sobre el contrato y el plan de obras sin obtener respuestas del Departamento Ejecutivo.

Según Pettigiani, los pedidos de acceso a la documentación vinculada a la concesión no fueron respondidos de manera satisfactoria, lo que derivó en cuestionamientos sobre los mecanismos de control aplicados durante el proceso. Para el fiscal, se trata de elementos que justifican una investigación judicial sobre la regularidad de la adjudicación.

Además, indicó que distintas publicaciones periodísticas señalaron que la firma controlante de la empresa adjudicataria había sido liquidada en Brasil en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas maniobras de lavado de activos. A partir de ello, sostuvo que existen dos líneas que deberían ser analizadas por la Justicia, una vinculada a la administración de bienes públicos y otra relacionada con el origen de los fondos involucrados.

Pettigiani aseguró que la denuncia apunta a determinar si existieron posibles hechos de administración fraudulenta o incumplimiento de deberes de funcionario público. En ese contexto, sostuvo que las responsabilidades a investigar podrían alcanzar tanto al Departamento Ejecutivo encabezado por Guillermo Montenegro como a los concejales que acompañaron con su voto la aprobación de la adjudicación.

El fiscal recordó que la concesión avanzó con una única oferta y explicó que, en esos casos, la legislación municipal exige la intervención y aprobación del Concejo Deliberante. Por ese motivo, consideró necesario establecer si los controles previstos fueron efectivamente realizados antes de autorizar la operación.

Finalmente, Pettigiani manifestó su expectativa de que la Justicia provincial avance con la investigación y pueda esclarecer las dudas planteadas sobre una concesión que involucra algunos de los inmuebles más importantes del patrimonio público de Mar del Plata.