VIDEO | La denuncia por el Minella podría extenderse a otras concesiones y complica al oficialismo en el Concejo
La denuncia penal presentada por el fiscal general federal Juan Manuel Pettigiani por presuntas irregularidades en la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas abrió un nuevo frente de conflicto político e institucional en Mar del Plata. Mientras la Justicia Federal comienza a analizar la documentación aportada, no se descarta que la investigación pueda ampliarse hacia otras concesiones y servicios adjudicados por la administración municipal durante los últimos años.
La presentación judicial apunta contra el proceso que derivó en la adjudicación de la explotación del complejo deportivo a la firma Minella Stadium S.A., integrada por el grupo brasileño Revee y la empresa argentina Prodenter. Pettigiani solicitó investigar posibles delitos de administración fraudulenta agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al advertir dudas sobre la solvencia económica de la concesionaria, el origen de los fondos comprometidos y el cumplimiento de las inversiones anunciadas.
La denuncia también dejó expuesta la posición de la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante, que en julio de 2025 aprobó la adjudicación con los votos del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica. En contraste, los bloques opositores de Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador habían advertido sobre supuestas inconsistencias en el expediente y votaron en contra de la iniciativa.
Según trascendió en ámbitos políticos locales, la preocupación ya no se limita exclusivamente al caso Minella. Distintos sectores analizan la posibilidad de impulsar nuevas presentaciones judiciales vinculadas a otras concesiones y contrataciones de relevancia económica para el municipio. Entre ellas aparecen los sistemas de fotomultas, el estacionamiento medido, la explotación de publicidad en la vía pública y los mecanismos de recupero de deudas, todos contratos que en su momento también despertaron controversias y cuestionamientos.
En su escrito, Pettigiani sostuvo que existe un riesgo concreto para el patrimonio de los contribuyentes marplatenses y reclamó una intervención urgente de la Justicia para determinar si los intereses de la comunidad fueron debidamente protegidos. Como parte de las medidas solicitadas, pidió la declaración testimonial de concejales que rechazaron la concesión y el envío de información a organismos de Brasil para profundizar sobre los antecedentes de las empresas involucradas.
Uno de los aspectos que más inquietud genera es la referencia a supuestos vínculos entre la firma Revee y el grupo financiero REAG Investimentos, investigado en Brasil en el marco del denominado "Caso Banco Master". La denuncia sostiene que esos antecedentes obligan a verificar la capacidad financiera real de la empresa adjudicataria y el origen de los fondos destinados a las obras prometidas para el estadio y el polideportivo.
Mientras tanto, la causa ya comenzó a transitar el ámbito judicial y podría transformarse en un expediente de alto impacto político para la gestión de Guillermo Montenegro. En los pasillos del Concejo Deliberante y de la Municipalidad crece la expectativa sobre el alcance que podría tener la investigación y si finalmente otras concesiones terminarán siendo objeto de nuevas denuncias.
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