Durante el juicio, se presentaron más de veinte testimonios de víctimas, además de pericias oficiales que respaldaron las denuncias. Tanto la Procuración como la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) coincidieron en que los hechos estaban debidamente probados y que correspondía aplicar la sanción máxima, lo que finalmente fue avalado por el jurado.

El caso generó un fuerte impacto dentro del ámbito judicial, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por tratarse de un funcionario con poder jerárquico, acusado de ejercer violencia laboral y de género de manera sistemática.

Desde la AJB destacaron la importancia del fallo. El secretario gremial, Oscar Yenni, afirmó que la resolución “marca un precedente” y remarcó que no hay lugar para este tipo de conductas dentro del sistema judicial. “Es el resultado de la organización y la decisión de no naturalizar estas prácticas”, expresó.

En la misma línea, la secretaria de Géneros y Diversidad del gremio, Mónica Blanc, subrayó la relevancia de denunciar este tipo de situaciones y hacerlo acompañadas. “Es fundamental no atravesar estos hechos en soledad. La AJB es un espacio para contener, acompañar e impulsar estos reclamos”, sostuvo.

Asimismo, Blanc remarcó que este tipo de resoluciones contribuyen a construir un Poder Judicial más justo e igualitario. “Nos marcan el camino para seguir trabajando por una justicia con perspectiva de género, más democrática y libre de violencias”, agregó.

El fallo representa un paso significativo en la lucha contra la violencia laboral y de género dentro de las instituciones, y refuerza la necesidad de generar ámbitos seguros para quienes se desempeñan en el sistema judicial.

La decisión también envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de quienes ejercen cargos de poder y la importancia de garantizar entornos de trabajo respetuosos y libres de abusos.