La normativa central mencionada es el Decreto 1074/2018, que reglamenta la Ley 5965 de protección de fuentes de agua y del ambiente atmosférico. Ese decreto establece que la autoridad ambiental provincial debe controlar las emisiones gaseosas industriales y exigir a los establecimientos la obtención de la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA), junto con estudios técnicos y monitoreos periódicos para evaluar su impacto ambiental.

De acuerdo con la denuncia, estos controles no se habrían aplicado correctamente en distintos casos, lo que habría permitido el funcionamiento de actividades potencialmente contaminantes sin cumplir con las exigencias técnicas previstas por la normativa.

En ese contexto, el denunciante sostiene que el juez interviniente debió avanzar con el procesamiento de los responsables por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al tratarse de autoridades encargadas de hacer cumplir la legislación ambiental.

Sin embargo, el expediente no habría prosperado y la causa quedó virtualmente paralizada. Para los denunciantes, esto equivale a que el caso fue “cajoneado”, evitando que se investigue la eventual responsabilidad de los organismos encargados del control ambiental.

El planteo advierte que la falta de acción judicial no solo impide esclarecer posibles irregularidades administrativas, sino que también deja sin respuesta la denuncia sobre el incumplimiento de normas destinadas a prevenir la contaminación y proteger la salud pública.

La controversia reabre así el debate sobre el funcionamiento del sistema de control ambiental en la provincia y sobre el rol de la Justicia frente a denuncias vinculadas con la aplicación de la legislación ambiental.