Las denuncias fueron impulsadas por el Foro Argentino contra el Antisemitismo y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que interpretaron que algunos mensajes publicados por López contenían expresiones agraviantes hacia la comunidad judía y el Estado de Israel. En base a esos planteos, el consejero Luis Juez elaboró un dictamen que propone continuar el trámite disciplinario.

Sin embargo, el propio juez Alfredo López rechazó de plano las acusaciones y sostuvo que sus intervenciones en redes sociales se enmarcan en el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho constitucional que también asiste a los magistrados en su vida privada. Según su postura, no existió incitación al odio ni afectación concreta de causas judiciales bajo su órbita, sino opiniones de carácter político e internacional, expresadas fuera del ámbito jurisdiccional.

El caso reabre un debate de fondo: ¿Hasta dónde puede llegar el control disciplinario sobre las opiniones personales de un juez?

La Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión y no establece una categoría de ciudadanos de segunda para quienes integran el Poder Judicial. Si bien es cierto que la función exige prudencia y mesura, también lo es que el estándar no puede convertirse en un mecanismo para silenciar posiciones incómodas o disidentes.

En distintos antecedentes, la propia jurisprudencia ha reconocido que la eventual sanción a un magistrado por sus opiniones debe ser excepcional y estar sólidamente fundada en la afectación concreta del servicio de justicia. No alcanza con la controversia pública ni con la sensibilidad política del tema tratado.

En el entorno del juez Alfredo López sostienen que el proceso corre el riesgo de transformarse en un mensaje disciplinador hacia quienes se expresen fuera de los márgenes del discurso dominante.

Subrayan que no existe prueba de parcialidad en sus fallos ni denuncias vinculadas con su desempeño jurisdiccional, sino exclusivamente cuestionamientos por publicaciones personales en redes sociales.

El Consejo de la Magistratura deberá ahora definir si el expediente avanza hacia una instancia mayor o si se archiva por inexistencia de mal desempeño. Lo que está en juego no es sólo la situación de un magistrado en particular, sino también el delicado equilibrio entre responsabilidad institucional y libertad individual en una democracia que se precie de tal.