La conducción fue alertada y el intendente interino Agustín Neme recibió señales claras de que el área estaba fuera de control. Se registraron conflictos internos, falta de controles efectivos, un agente cesanteado y situaciones irregulares como personal concurriendo a trabajar con sus hijos, pese a estar expresamente prohibido.

El límite institucional se cruzó en mayo de 2025, cuando se detectaron al menos 13 trámites de licencias con firmas apócrifas, realizados mediante el uso indebido del usuario de una empleada municipal. El caso llegó a la Justicia y derivó en una Investigación Penal Preparatoria en la Fiscalía de Delitos Económicos. La causa penal avanza. El sumario administrativo, no.

El propio Municipio reconoció oficialmente la existencia de firmas que no habrían sido realizadas por las agentes involucradas. Con ese solo dato, cualquier gestión ordenada habría dispuesto auditorías inmediatas, revisión integral de licencias emitidas y decisiones administrativas urgentes. Nada de eso ocurrió. El expediente quedó inmóvil durante meses.

En la administración pública, los expedientes no se frenan solos. Alguien decide no impulsarlos. Y cuando un sumario por posibles delitos se paraliza mientras la Justicia investiga, el mensaje es claro: se está ganando tiempo. La situación se agrava porque el área continúa bajo la conducción de un funcionario sin experiencia específica en sistemas críticos y controles digitales, proveniente de Caminos Rurales, una designación política que hoy muestra consecuencias concretas.

A esta altura, no decidir también es decidir. Sostener a un funcionario mientras hay una investigación penal en curso, un sumario administrativo paralizado y una dependencia que perdió credibilidad no es prudencia, es asumir el costo político. Licencias de Conducir no necesita más tiempo. Necesita conducción idónea, decisiones firmes y un corte definitivo. Porque cuando un expediente no se mueve desde agosto, lo que está quieto no es el papel: es la voluntad política.