El reloj corre en contra de la continuidad institucional: mañana vence el mandato del directorio actual, integrado por el presidente Carlos Katz, la vicepresidenta Cristina Coria y el director Daniel Díaz.

Sin una renovación formal de autoridades, la empresa quedaría en un limbo administrativo que paraliza decisiones fundamentales.

La ausencia de firmantes autorizados impediría, entre otras operaciones críticas, el pago a proveedores y el abono de salarios al personal.

La designación de nuevos representantes no es un trámite menor. Requiere al menos entre 24 y 48 horas de gestiones en múltiples organismos: escribanías, ARCA, ARBA, Banco Provincia y el Tribunal de Cuentas, entre otros.

Para que las nuevas autoridades cuenten con respaldo legal, es indispensable que sean designadas mediante ordenanza del Concejo Deliberante o por decreto de intervención del intendente.

En este último caso, el decreto debería contar al menos con la aprobación de los presidentes de los bloques políticos.

No obstante, y además, la difícil situación judicial derivada del planteo de Simón Isacch, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo 1, que falló en favor de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) -organización que había solicitado la nulidad de la mencionada suba-, es quela firma debía realizar una audiencia pública, un requisito legal que no se cumplió.

Además, el magistrado ordenó retrotraer las tarifas al nivel previo al incremento del 142,7 por ciento y que a los usuarios se les retribuya lo pagado de más en futuras facturaciones.