El Colegio advierte que el diálogo institucional entre los poderes del Estado debe fundarse en el apego a los principios republicanos consagrados en la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y subraya que existen mecanismos revisores previstos por esos textos para quien se sienta disconforme con decisiones judiciales.

Fuentes del Colegio señalaron que el reclamo no sólo apunta a la forma de las críticas públicas sino también al riesgo que implican para la percepción de autonomía del Poder Judicial cuando funcionarios de alto perfil cuestionan decisiones judiciales en espacios mediáticos.

Según el comunicado, la defensa de la independencia de los magistrados es condición necesaria para la vigencia plena de las garantías republicanas.

El pronunciamiento llega en un contexto de tensión entre voces políticas y operadores judiciales que, según la entidad, debería resolverse mediante los canales institucionales previstos (que incluyen recursos y procedimientos de revisión) y no por declaraciones públicas que, a su entender, pueden afectar la confianza en la administración de justicia.

Hasta el momento no se consignan en el comunicado medidas disciplinarias o judiciales derivadas de estas declaraciones; el Colegio se limita a exigir respeto por la división de poderes y convocar al "diálogo institucional fecundo" basado en los principios constitucionales.