También acompañaron el pedido la diputada Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, y el diputado Julio Raffo.

Además, expresaron su adhesión la APDH nacional, el Movimiento Ecuménico por los derechos del Hombre, la Asociación de familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas y los organismos de derechos humanos de Mar del Plata: Colectivo Faro de la Memoria, Asociación de Familiares de detenidos desaparecidos y víctimas del terrorismo de estado del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, Comision Abierta Memoria, Universidad y Sociedad (CAMUS), Asociación de Ex-presos políticos del sudeste y APDH Mar del Plata.

“La gravedad institucional del caso y la extensa representatividad y legitimidad de estos organismos obligan una respuesta inmediata de los poderes del Estado”, reclamaron.

Las causas

La semana pasada, la CPM presentó ante la justicia de San Isidro y San Martín documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que involucran al funcionario judicial en dos causas por delitos de lesa humanidad. En el primero, se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y en el segundo, el secuestro y tortura de militantes comunistas.

Desde aquel momento, el organismo señaló que la permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la DIPPBA, “fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado”.

“Los documentos de la DIPPBA demuestran que Fernández Garello integró la delegación DIPPBA de San Martín durante la dictadura cívico militar y participó en acciones de inteligencia en el marco del genocidio, así como también de acciones directas de secuestro y tortura. La democracia no puede tolerar su permanencia en el cargo que hoy ocupa, por eso vamos a presentar la próxima semana el jury”, señaló Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM durante la presentación pública de la denuncia.

La denuncia, que se desprende de la documentación obrante en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), revela la intervención de Fernández Garello en acciones de espionaje político y gremial, además de su infiltración en organismos de derechos humanos durante la última dictadura.

“Sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos; todos estos actos de inteligencia fueron realizados en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”.

Los documentos que vinculan al actual fiscal con estos delitos surgieron a partir de un requerimiento judicial en el marco de la causa que investiga el secuestro y muerte de la militante del PST, Ana María Martínez.

En ese sentido, los integrantes de la CPM remarcaron la extensa labor del organismo en la preservación y gestión del archivo de la DIPPBA: desde que se reiniciaron los juicios por delitos de lesa humanidad, la CPM ha presentado informes documentales de la DIPPBA en todos los procesos judiciales realizados en la provincia de Buenos Aires y esta documentación fue, a su vez, ampliamente valorada por los tribunales y significó, por lo tanto, un aporte indispensable para la condena a represores.

Sobre el final de la conferencia, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, y la directora general, Sandra Raggio, remarcaron la necesidad de condenar la inteligencia como parte constitutiva de los delitos de lesa humanidad. “Los documentos que vinculan a Fernández Garello con estas causas permitieron, a su vez, develar una trama de operativos conjuntos entre la delegación DIPPBA de San Martín, la Brigada de investigaciones de San Martín y el destacamento 201 de Campo de Mayo del Ejército que dependía del Batallón 601”, detalló Cipriano García.

“La inteligencia fue indispensable para la persecución, el secuestro y desaparición de personas y debe ser, por lo tanto juzgada como delito de lesa humanidad. En ese marco deben inscribirse las acciones de Fernández Garello cuando era agente de inteligencia”, agregó Sandra Raggio.

Finalmente, el presidente de la CPM, Víctor Mendibil volvió a remarcar el pedido de jury al fiscal y detalló no sólo la “falta de idoneidad moral” de Fernández Garello sino también la incompatibilidad de sus antecedentes con los requisitos que el cargo conlleva.

“Mar del Plata había sido designado como el primer departamento para comenzar a implementar la Policía Judicial, esa reforma que apunta a la democratización de la justicia, que modifica el paradigma de investigación, iba a quedar paradójicamente bajo la responsabilidad de un hombre vinculado al terrorismo de Estado y la impunidad. Eso es inadmisible”, concluyó.