En dicho marco presentaron una nota donde afirman que las medidas del Gobierno de General Pueyrredon representan una violación al derecho constitucional de huelga consagrado en el Artículo 14 bi de la Carta Magna, considerando además la progresividad de los derechos laborales donde “los mayores derechos adquiridos por los trabajadores no podrán ser modificados en perjuicio de los trabajadores”.

Además, remarcaron que la prohibición de los paros incluso va mucho más allá de lo que pretendía el presidente Javier Milei con la reforma laboral incluida en el DNU 70/23, precisamente suspendido por la Justicia Federal. Allí se establecían restricciones al ejercicio del derecho a huelga, mientras que en el caso marplatense directamente se elimina el derecho constitucional. "Ni siquiera el presidente Milei se ha animado a tanto como hoy quiere hacer Montenegro”, enfatizó el gremio, según publicó el portal 0223.

La iniciativa de Montenegro busca prohibir los paros municipales, e incluso, se desprende que también quedarían prohibidas otro tipo de medidas de fuerza menos contundentes, como la retención de tareas e incluso las asambleas por sector, dado que ambas instancias implican la “suspensión o interrupción” de las actividades.

“El 90 por ciento del empleo en Mar del Plata es privado y eso significa que carecen de ese privilegio. Ese 10 de personas tienen un privilegio, que se lo deben a un derecho constitucional y tienen una responsabilidad y es que tienen que trabajar. Esto no tiene que ver con que no se pueda generar una discusión paritaria”, señaló.

En cuanto al expediente ya iniciado en el Concejo Deliberante, consta de tres artículos y ahora se espera que la Secretaría del Concejo realice el giro a las comisiones que deberán debatirlo. En tanto, en los considerandos se abordan aspectos teóricos sobre el rol del Estado y los servicios que presta a la ciudadanía, justificando la necesidad de declarar la esencialidad de todo tipo de tareas y no solo aquellas vinculadas a la seguridad y salud, como se concibe actualmente.

“Toda actividad desarrollada por la administración vinculada a los servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas deben ser consideradas esenciales”, se sostiene al respecto.