Agrupaciones lideradas por dirigentes K “puestos a dedo” se encuentran en plena persecución contra representantes verdaderos de trabajadores de mensajería y repartidores. Los señalados son la ex oficial de seguridad, Virginia Luján Sosa, y el empleado Federico Joel López.
El abogado Cristian Moix es quien se encargará de llevar la defensa de las dos víctimas en cuestión. Ya que, no habría razones para llevarse puestos a dos militantes de una causa tan sana.
Según fuentes oficiales, la denuncia penal se trataría acerca de la presencia de ambos representantes el día del #25M haber acudido a la manifestación contra el Gobierno nacional en el Monumento al General San Martín. “La causa es por violar el DNU presidencial”, expresaron a este medio unos informantes.
Yanina “Chicho” Arismendi es la cabecilla política detrás del asunto, en nombre de los ediles del Frente de Todos marplatense, Hugo Vito Amalfitano y Roberto “Chucho” Páez. La secretaria adjunta de la CGT, Adriana Donzelli (dirigente del Sindicato Argentino de Docentes Privados), y el titular Miguel Guglielmotti son los encargados de dichos vínculos K.
“Se comunicaron desde la Secretaria de Seguridad para tener una reunión el día de hoy, para trabajar en conjunto y avanzar en la seguridad de los repartidores”, reza el comunicado que presentaron las agrupaciones en conjunto. Y añade en siguiente: “esta reunión no tiene nada que ver El Chino y La Rusita y nos pidieron que ellos no estén presentes”.
Ahora bien, hay quienes indican a NOVA que las patotas kirchneristas están trabajando con la idea de poder “cobrarse” la alzada de voz por parte de Sosa y López. En primera instancia, estarían buscando “aprietes” judiciales.
