Judiciales y Policiales
Denuncias por maltrato y violencia laboral

La Comisión Provincial por la Memoria se opone al ascenso del juez Rodrigo Cataldo

Desde el 2010, el juez Cataldo ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por maltrato y violencia laboral.

Ante el inminente tratamiento en el Senado de la Provincia de la designación del juez Rodrigo Cataldo para ocupar el cargo vacante en la Cámara de apelaciones en lo civil y comercial de Mar del Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un escrito a los bloques de senadores para impugnar su ascenso y designación.

La CPM señaló que, desde el 2010, el juez Cataldo fue denunciado en reiteradas oportunidades por maltrato y violencia laboral. El desprecio hacia las y los trabajadores judiciales, al punto de poner en riesgo la salud de los mismos, es una prueba suficiente de su falta de idoneidad y solvencia moral para ejercer la magistratura. 

En 2012, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunció ante la Secretaría de control disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense al juez en lo civil y comercial de Mar del Plata, Rodrigo Cataldo, por graves hechos de violencia laboral. La entidad gremial también lo denunció ante el Ministerio de Trabajo por violar la prohibición de tener trabajadores no registrados en el ámbito del poder judicial. Estas presentaciones recogían más de una denuncia que trabajadores judiciales venían realizando desde el 2010.

Sobrecarga permanente de tareas, amenazas de ser sumariados, maltrato y los pedidos para que los empleados renuncien al derecho al ascenso, son algunos de los hechos denunciados contra el juez Cataldo. La violencia laboral desplegada por el magistrado llegó, incluso, a poner en riesgo la salud de las personas que trabajaban bajo su órbita: una empleada con problemas en la médula espinal y los huesos de la columna vertebral debía atender sola y de pie la mesa de entrada durante toda la jornada. A otra le impidió reiteradamente acompañar a sus familiares ante situaciones de intervenciones quirúrgicas o graves enfermedades.

A pesar de la cantidad de las denuncias y de su extensión en el tiempo, ninguna de los pedidos de sanción contra el juez prosperó. La Suprema Corte incluso a minimizó estas denuncias; para el Máximo Tribunal estos hechos sólo “configuraron rispideces o conflictos laborales inevitables acaecidos en el marco de una reestructuración de la organización del trabajo dentro del Juzgado”.

Por todas estas razones, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó ante los distintos bloques de senadores de la provincia de Buenos Aires su oposición a la aprobación del pliego, remitido por la gobernadora María Eugenia Vidal, que postula Rodrigo Cataldo para ocupar el cargo vacante en la Cámara de apelaciones en lo civil y comercial de Mar del Plata.

En las presentaciones realizadas, la CPM señala que su designación “implica desconocer la prioridad de los valores de solvencia moral, idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos” y que afectaría de modo significativo la calidad de la justicia.

El organismo también expresó su preocupación por otra irregularidad en el proceso de designación: el pliego ya cuenta con la aprobación de la Comisión de asuntos constitucionales y acuerdos sin haber hecho lugar al pedido de audiencia realizado el año pasado por la AJB para exponer estas denuncias.

Las audiencias públicas en el órgano legislativo son fundamentales para la democratización en los mecanismos de designación de los magistrados; el sistema judicial no puede mantenerse sobre la base de los acuerdos a espaldas de la sociedad.

Los acuerdos políticos para garantizar la impunidad de algunos funcionarios judiciales, nos remite inmediatamente a la situación más grave que atraviesa la justicia bonaerense y que, casualmente, también ocurre el departamento de Mar del Plata: el fiscal general Fabián Fernández Garello continúa ocupando su cargó aún cuando está procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, cuando el actual fiscal se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

“Sin hombres probos e idóneos en el poder judicial, difícilmente los tribunales estén al servicio de la justicia y la defensa de los derechos humanos”, expresaron desde la CPM. 

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